El artículo 119 del Tratado de Roma, en su redacción original, vino a establecer que cada estado miembro mantendría la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos para un mismo trabajo, añadiendo que debía entenderse por salario el conjunto de las retribuciones directas o indirectas, en dinero o en especies, satisfechas por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo. Aún cuando la introducción del citado artículo 119 obedeció a razones puramente económicas y no sociales, es lo cierto que el mismo vino a erigirse en el núcleo de la Política Social Comunitaria, en lo que a igualdad de trato y prohibición de discriminación se refiere.

En nuestro País, aunque el proceso de incorporación de las mujeres al trabajo se ha producido más tardíamente, por razones sociales y políticas sobradamente conocidas, su participación en el mercado del trabajo se viene acrecentando progresivamente, si bien estamos lejos de alcanzar la igualdad real en el acceso al empleo, a la promoción profesional y en lo que a condiciones de trabajo se refiere. A día de hoy no se ha superado la segregación sexual en el trabajo, existiendo trabajos para hombres y trabajos para mujeres, normalmente de inferior calificación y retribución; el acceso a cargos directivos a empresas y en las Administraciones Públicas ofrece un balance claramente negativo en perjuicio de la mujer y con relación a la participación en la vida política resulta igualmente deficitaria la promoción a cargos políticos de relieve, aun cuando últimamente se han iniciado tímidos intentos legislativos a nivel de a nivel de determinadas Comunidades Autónomas, rotundamente contestados desde posiciones políticas conservadoras.

Así pues, frente a la igualdad formal que emana de rancias normas jurídicas, aun cuando sean de reciente aprobación, elaboradas casi en exclusiva por hombres, existe una desigualdad real que se impone a las mujeres, basada en inveteradas prácticas sociales que pretenden reducir su papel social al de reproducción de la especie y al de la administración de las economías domesticas, impidiendo así el acceso a cotas de libertad e independencia que solo con el trabajo en condiciones de igualdad podría alcanzarse.

Fuente: Mujer y Trabajo; Editorial Bomarzo; Autora Esther Ruiz Pérez et al.

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