El proceso de transformaciones revolucionarias emprendido por el pueblo cubano desde su propio triunfo en el año 1959, potenció una sólida, amplia, representativa y pujante participación ciudadana.

La sociedad civil cubana posibilita, garantiza y viabiliza la participación directa de los cubanos y las cubanas en el debate, presentación de propuestas y adopción de decisiones sobre todos los asuntos de interés de la nación cubana: su vida política, su desarrollo económico, su defensa, su identidad y desarrollo cultural, sus relaciones exteriores, la distribución de su riqueza y la protección de su patrimonio material e inmaterial, etc.

Además de las numerosas organizaciones sociales y de masas, profesionales, científicas, culturales e incluso religiosas que han sido creadas en las últimas cuatro décadas, a las organizaciones que fueron establecidas antes de 1959 y que no participaron o apoyaron los desmanes y crímenes del régimen dictatorial de Fulgencio Batista, le fueron respetados todos sus derechos y la mayoría de ellas continúa operando activamente en la Isla.

La sociedad civil en Cuba, está integrada por más de 2200 organizaciones, entre las que destacan las organizaciones sociales y de masas y las organizaciones o asociaciones científicas o técnicas, culturales y artísticas, deportivas, de amistad y solidaridad y cualesquiera otras que funcionan en virtud de la Ley de Asociaciones (Ley 54).

Las organizaciones de masas y sociales agrupan a cientos de miles y algunas a millones de miembros y por su importancia, son reconocidas incluso en el texto de la Constitución cubana, en particular, en su artículo 7. Por su amplia membresía, representatividad y capacidad de movilización, el sistema político cubano garantiza a estas organizaciones no gubernamentales amplios poderes y capacidad propositiva, de consulta y opinión, e incluso de decisión, en el ejercicio de la democracia participativa instituida por el orden constitucional vigente.

En su artículo 103, la Carta Magna cubana establece que los órganos de gobierno territorial actúan en estrecha coordinación con las organizaciones de masas y sociales. Estas tienen reconocida constitucionalmente su capacidad de iniciativa legislativa.

Más allá de lo antes expuesto, debe señalarse que la última reforma constitucional que tuvo lugar en el año 2002 declarando, frente a las amenazas del Presidente Bush, el carácter irrevocable el sistema político y social socialista y prohibiendo negociar acuerdos bajo agresión, amenaza, o coerción de una potencia extranjera, fue promovida por una solicitud conjunta de varias organizaciones sociales y de masas, respaldada por la firma voluntaria de más de 8 millones de ciudadanos registrados como electores, es decir, más del 98 % del electorado cubano.

En virtud de la Ley Electoral, las comisiones que proponen los candidatos a integrar las Asambleas Municipales, Provinciales y la Nacional del Poder Popular se integran por representantes de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), designados —según el caso— por las direcciones municipales, provinciales y nacionales de esas organizaciones.

Entre las organizaciones sociales y de masas aparecen algunas de larga trayectoria, como la Central de Trabajadores de Cuba (creada en 1939 y que agrupa a 19 sindicatos) y la Federación de Estudiantes Universitarios (fundada en 1922). Varias otras surgieron al calor del triunfo revolucionario y por la necesidad de brindar a amplios sectores de la población la posibilidad de convertirse en actores directos del proceso de cambios. Ese fue el caso por ejemplo, de la Federación de Mujeres Cubanas (más del 50% de los cubanos son mujeres), la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Unión de Periodistas de Cuba.

Como se expresara, existe otro tipo de organizaciones o asociaciones no gubernamentales en Cuba, con una membresía por lo general mucho más pequeña, de naturaleza científica o técnica, cultural y artística, deportiva, de amistad y solidaridad, etc, entre ellas culinarias, médicas, de técnicos azucareros, de arquitectos e ingenieros, de técnicos agrícolas y forestales, medio ambientalistas, de filósofos, historiadores y profesionales de las ciencias sociales y políticas, de protección de la naturaleza, de miembros o descendientes de diferentes nacionalidades.

Actualmente existen en Cuba 2221 organizaciones o asociaciones no gubernamentales de este tipo, de ellas 1101 fraternales, 175 científicas, 142 de amistad, 52 culturales, 395 deportivas y 356 de interés social.

Este segundo grupo de organizaciones o asociaciones operan en virtud de la Ley No. 54 de 1985, Ley de Asociaciones y su Reglamento, que establece los requisitos para su creación, registro y funcionamiento.

Las restricciones planteadas al registro de organizaciones no gubernamentales en Cuba son las mismas que existen en la mayoría de los países del mundo: deben tener un fin no lucrativo, sus finanzas deben ser transparentes y estar disponibles a la auditoría de la entidad gubernamental de vínculo, deben tener un número mínimo de 30 miembros, sus actividades no deben resultar lesivas al bienestar público o al de otros individuos y entidades privadas, deben respetar el orden constitucional y la legalidad y no deben oponerse a los principios de humanismo, independencia, solidaridad, no discriminación, equidad y justicia social que rigen a la sociedad cubana.

Uno de los requisitos esenciales para la integración de todas las organizaciones de la sociedad civil cubana, incluidas las sociales y de masas, es la afiliación voluntaria de sus miembros.

Otra de sus características distintivas es su estructura y normas de funcionamiento democráticas. Todos sus dirigentes en las distintas instancias están sujetos a elección. Celebran reuniones de afiliados periódicamente, que permiten debatir y tomar decisiones sobre cualquier cuestión de interés para la organización. La mayoría tienen previsto en sus actas constitutivas o estatutos la celebración periódica, cada 4 o 5 años, de Asambleas de sus miembros en los niveles de base, municipal y provincial, así como Congresos, a nivel nacional.

Estos tienen por fines la elección democrática por voto directo y secreto de sus dirigentes, la rendición de cuenta de estos y la evaluación del trabajo de la organización en el período de mandato precedente, así como la discusión, formulación y aprobación de sus programas, tareas y planes de acción para el período siguiente.

Las falsas alegaciones de Washington acerca de la inexistencia de una sociedad civil independiente en Cuba no resisten el debate. El propio Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), ha conferido la entidad consultiva a más de 10 organizaciones no gubernamentales cubanas, las cuales contribuyen regularmente a los trabajos de sus órganos subsidiarios.

Los requisitos y la información para el registro legal y el escrutinio de las organizaciones no gubernamentales cubanas son coherentes con los que exige el Comité de Organizaciones No Gubernamentales del ECOSOC, en virtud de la Resolución 1996/31 del Consejo, para el otorgamiento de la entidad consultiva y el seguimiento de las actividades de las ONGs.

Entre las organizaciones no gubernamentales cubanas con categoría consultiva pueden ser citadas: Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU), Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), Centro de Estudios Europeos (CEE), Centro de Estudios sobre la Juventud (CESJ), Sociedad Cultural José Martí, Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), Centro Félix Varela y Centro de Estudios sobre Asia y Oceanía.

Existen otras organizaciones internacionales con sede en La Habana que también han recibido la entidad consultiva del Consejo, entre ellas: Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAAL) y Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes (OCLAE).

La independencia en el funcionamiento de las ONGs cubanas está garantizada por Ley. El Gobierno cubano no interfiere en modo alguno su funcionamiento; tampoco financia sus gastos administrativos. El Gobierno sólo apoya financieramente determinados proyectos que éstas ejecutan en interés social y comunitario. Ellas también participan en la canalización y ejecución de una parte importante de la ayuda financiera que recibe el país como asistencia extranjera al desarrollo.

Por otra parte, Cuba tiene relaciones y contactos sistemáticos de cooperación con más de 344 ONGs de 19 países, de ellas 134 de América del Norte y 210 de Europa. Al menos 147 ONGs de varios países ejecutan acciones de cooperación y 52 cooperantes extranjeros residen de forma temporal en nuestro país en el marco de proyectos de cooperación.

Todas las organizaciones no gubernamentales en Cuba, tienen personalidad jurídica, así como patrimonio propio. La legislación establece que su patrimonio se integra a partir de las cuotas de contribución de los asociados, donativos y otros ingresos económicos autorizados, como la venta de publicaciones, la organización de eventos, etc.

El Gobierno recibe de las organizaciones de la sociedad civil cubana apoyo, pero también opiniones, propuestas y críticas, que no siempre son favorables a los proyectos, medidas y acciones diseñadas y concebidas por las entidades gubernamentales.

Sin embargo, esas organizaciones no necesitan recurrir a la confrontación para alcanzar sus objetivos; el Gobierno, en todos los niveles, las consulta permanentemente y respeta sus amplias potestades como partícipes en la formulación y decisión de políticas y programas. Esto fue cierto incluso, en momentos y sobre asuntos tan complejos, como la adopción y aplicación de las medidas de reestructuración económica que el país se vio obligado a asumir para enfrentar el período especial a partir de 1990.

La sociedad civil en Cuba existe como complemento y no en contraposición del Estado; este último institucionaliza y representa el poder de las amplias mayorías del pueblo cubano: de los obreros, campesinos, y todos los trabajadores, intelectuales, artistas e investigadores en los ámbitos de la educación, la salud, la ciencia y los servicios, entre otros.

Esta relación de armonía no favorece los intereses de Estados Unidos, que necesita para favorecer los objetivos de su política imperialista promover la división y desintegración de la sociedad cubana. Sin embargo, ¿dónde está escrito o dicho que las organizaciones de la sociedad civil para ser independientes deben confrontar u oponerse al gobierno de su país? Eso es necesario sí, en el caso de sociedades plutocráticas, como la estadounidense, pero no en el marco de una democracia popular y participativa como la cubana.

fuente:  http://www.cubasocialista.com/democracia1.htm


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